El gobierno de México definió entre los años noventa y los dos mil principios de reforma a los seguros de salud e intentó implementarlos. Las principales iniciativas aprobadas definieron esquemas voluntarios, en un caso basado en aseguradoras privadas (que tienen muy baja penetración), y en otro, en una nueva instancia pública que funciona como mecanismo de distribución del gasto federal hacia los estados, el Seguro Popular (SP). En la actualidad el reto principal, como hace treinta años, es la integración de planes de atención para cada familia, pues cada una de ellas enfrenta gran incertidumbre acerca de qué institución es responsable de financiar sus cuidados de salud y de proveer los servicios. En este contexto, existen múltiples propuestas de reforma, la mayor parte de ellas guiadas prácticamente por los mismos principios. Argumentamos que posiblemente el gobierno de México no tiene incentivos para efectuar una reforma en los términos que se han planteado y se está convergiendo a un modelo de reembolso a los estados como proveedores para población de bajos ingresos, con la mayor parte de la población cubierta por la seguridad social y dejando a las familias el riesgo de enfrentar la incertidumbre en la provisión del servicio. Postulamos pasos que creemos definen un proceso de evolución factible para alterar ese curso y adoptar un camino que llegue a la adecuada integración de los planes para la familia, sin obligar a ninguna integración horizontal de instituciones financiadoras o proveedoras, al impulso de nuevas instituciones proveedoras de servicios. Las instituciones existentes deben transformarse en proveedores más flexibles, y la participación en un plan de aseguramiento debe ser obligatoria para todos los residentes.