En la medida que la población envejezca, ésta consumirá un porcentaje creciente de recursos, lo que implica una presión sobre la solvencia de los sectores público y privado. Tanto los Estados como los proveedores privados de pensiones se han estado preparando para las consecuencias financieras del envejecimiento. Sin embargo, esta preparación está basada en proyecciones demográficas que en el pasado han subestimado permanentemente las expectativas de vida de las personas (FMI, 2012). La longevidad inesperada más allá de estas proyecciones, si bien es una buena noticia para las personas y la sociedad en su conjunto, es un riesgo financiero para los Estados, para las Compañías de Seguros de Vida (en el caso de las pensiones pagadas bajo la modalidad de “Renta Vitalicia”), los que tendrán que pagar más de lo esperado en prestaciones de la seguridad social y en pensiones. También constituye un riesgo financiero para los individuos, quienes pueden sobrevivir a sus recursos jubilatorios (tal es el caso, por ejemplo, de las pensiones bajo la modalidad de “Retiro Programado” en los programas de capitalización individual).