Los programas instaurados con el Sistema de Protección Social Universal (SPSU) han significado un primer paso para la garantía de un enfoque basado en derechos que trascienda aquellos meramente contributivos, pero el espacio fiscal necesario para asegurar su sostenibilidad, profundización y ampliación, son cada año más limitados y se ha asistido a un estancamiento, sino a un retroceso, en su asignación presupuestaria. Por otra parte, el hecho que dos terceras partes de la población no tenga acceso a la vertiente "formal" de la economía, es decir que no cuente con un trabajo decente con acceso a seguridad social y previsional, complica todavía más el panorama financiero para garantizar mejores niveles de protección social a poblaciones históricamente excluidas como mujeres, niñez y adolescencia, población LGTBI, migrantes, trabajadoras del hogar remuneradas, pueblos originarios, entre otros.