El informe demuestra que muchas poblaciones en situación de vulnerabilidad (afrodescendientes, indígenas, migrantes, entre otras) no están incluidas en todos los planes de vacunación, que definen los criterios de priorización en los países. Se deben considerar criterios epidemiológicos, de derechos humanos y éticos, para priorizar personas con alto riesgo sanitario y con carencias socioeconómicas. El documento también muestra las iniciativas y capacidades científicas y tecnológicas de la región para producir vacunas contra la COVID-19. Ellas deben ser apoyadas y fortalecidas, y así no depender exclusivamente de la producción de países desarrollados, teniendo en cuenta las variantes del virus que van apareciendo y los posibles refuerzos de vacunación que se puedan necesitar en los próximos años. (Autor)