En México, el derecho a la salud está protegido constitucionalmente; impone al Estado una obligación progresiva, sujeta a la capacidad financiera. El sistema de salud es la garantía institucional para su instrumentación; este sistema fue reformado recientemente, el 29 de noviembre de 2019, con objeto de otorgar gratuitamente servicios de salud, medicamentos y demás insumos a la población sin seguridad social, así como para lograr la adecuada integración y articulación de sus instituciones.

El objetivo de este trabajo es analizar el sistema de salud mexicano como responsable de la garantía institucional del derecho a la salud. Para ello, se realizó un análisis legislativo de la reforma a la legislación relacionada con la protección del derecho a la salud, comparado con la inmediata anterior. Resultados. Se encontró que la última reforma del sistema de salud implicaría una importante modificación estructural, así como de sus fuentes de financiamiento; sin embargo, al no modificarse de forma sustancial la organización del sistema de salud, se limita a un cambio normativo influenciado por el contexto político y sus principales actores, más que por la necesidad de garantizar institucionalmente el derecho a la salud hacia la cobertura universal independientemente del estatus laboral o del tipo de ciudadanía. La inclusión de los derechos fundamentales en el ámbito de la salud implica la implementación de políticas públicas dirigidas al acceso universal y equitativo a la salud; sin embargo, la fragmentación del sistema de salud es todavía el principal reto. (AU)