Entre 1981 y 2014, treinta países privatizaron total o parcialmente sus sistemas de pensiones públicos obligatorios (Figura 1). Catorce eran países de América Latina: Chile (el primero en privatizar en 1981), Perú (1993), Argentina y Colombia (1994), Uruguay (1996), el Estado Plurinacional de Bolivia, México y la República Bolivariana de Venezuela (1997), El Salvador (1998), Nicaragua (2000), Costa Rica y Ecuador (2001), República Dominicana (2003) y Panamá (2008). Otros catorce países de Europa Oriental y de la antigua Unión Soviética también emprendieron el experimento de la privatización de las pensiones: Hungría y Kazajstán (1998), Croacia y Polonia (1999), Letonia (2001), Bulgaria, Estonia y la Federación de Rusia (2002), Lituania y Rumania (2004), Eslovaquia (2005), Macedonia (2006), República Checa (2013) y Armenia (2014). Dos países africanos también privatizaron su sistema público de pensiones: Nigeria (2004) y Ghana (2010).(AU)