La Ley de 28 de septiembre de 1949 establece en la República de El Salvador uno de los sistemas de Seguro Social más avanzados y progresivos, principalmente en cuanto a beneficios comprendidos, beneficiarios cubiertos y régimen de financiación. Su campo de aplicación, basado en la cobertura de todos los habitantes del país que sean parte en el proceso de producción, responde al ideal de amparo de los económicamente activos, meta a la que ningún país de la América Latina había llegado, ya que priva en ellos la tesis de amparo laboral, de limitación al concepto de trabajadores, y más propiamente aún, de trabajador asalariado.