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Social protection for migrant workers: A necessary response to the Covid-19 crisis

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The COVID-19 pandemic represents a major public health challenge and is having serious economic and social impacts on origin and destination countries, as well as on migrant workers and their families. Migrant workers represent 4.7 per cent of the global labour force or 164 million workers (ILO 2018a), almost half of them women. The COVID-19 crisis is having an unprecedented impact on workers, businesses and the global economy. ILO estimates indicate that full and partial lockdown measures are affecting almost 2.2 billion workers or 68 per cent of the global workforce (ILO 2020a). It is widely recognized that migrant workers are major contributors to social and economic development. However, they face significant challenges in accessing social protection, including with respect to health care and income security in countries of origin, transit and destination, a situation that poses a risk to the entire public health system. Therefore, integrated approaches that include migrant workers in national social protection responses, in line with the equality-of-treatment and non-discrimination principles enshrined in international human rights, international labour standards and the ILO Centenary Declaration for the Future of Work, will play an important role in mitigating the effects of COVID-19 and will support economic and social recovery. (AU) La pandemia de COVID-19 representa un importante desafío de salud pública y está teniendo graves impactos económicos y sociales en los países de origen y destino, así como en los trabajadores migrantes y sus familias. Los trabajadores migrantes representan el 4,7 por ciento de la fuerza laboral mundial o 164 millones de trabajadores (OIT 2018a), casi la mitad de ellos mujeres. La crisis del COVID-19 está teniendo un impacto sin precedentes en los trabajadores, las empresas y la economía mundial. Las estimaciones de la OIT indican que las medidas de cierre total y parcial están afectando a casi 2.200 millones de trabajadores o al 68 por ciento de la población activa mundial (OIT 2020a). Se reconoce ampliamente que los trabajadores migrantes son importantes contribuyentes al desarrollo social y económico. Sin embargo, enfrentan importantes desafíos para acceder a la protección social, incluso con respecto a la atención médica y la seguridad de los ingresos en los países de origen, tránsito y destino, una situación que representa un riesgo para todo el sistema de salud pública. Por lo tanto, los enfoques integrados que incluyan a los trabajadores migrantes en las respuestas nacionales de protección social, en línea con los principios de igualdad de trato y no discriminación consagrados en los derechos humanos internacionales, las normas internacionales del trabajo y la Declaración del Centenario para el Futuro del Trabajo de la OIT, jugarán un papel importante en la mitigación de los efectos de COVID-19 y apoyará la recuperación económica y social. (AU)
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