La emergencia sanitaria ha puesto de manifiesto la necesidad de articular medidas sociales transversales para que tanto las personas como los sectores productivos más vulnerables no queden atrás, apreciándose el riesgo de cronificación y aumento de la pobreza en el futuro si no se actúa con carácter inmediato. Dentro de este escenario nace una nueva renta mínima denominada Ingreso Mínimo Vital, cuyo objetivo es corregir los altos niveles de desigualdad, desempleo no subsidiado y pobreza extrema en España. Estamos ante un nuevo derecho social de carácter subjetivo, ligado al estado de necesidad, cuyo objetivo es prevenir el riego de pobreza y la exclusión social. El presente estudio analiza el ingreso mínimo vital con especial detenimiento en el colectivo con discapacidad. (AU)