Durante la década de 1990, muchas economías en desarrollo instauraron reformas financieras fundamentales para modificar los sistemas de pensiones. Este artículo hace un análisis de los principales resultados de estas reformas desde la perspectiva de género. A pesar de ser vistas como reformas sociales, las reformas a los sistemas de pensiones han incrementado la parte de la población que no cuenta con seguridad social, por otra parte, las mujeres, al tener una mayor esperanza de vida, se encuentran en una situación de precariedad laboral relativamente mayor. El artículo también se centra en las implicaciones fiscales y, particularmente, en la transición del sistema de pensiones de reparto que era autofinanciado y sostenible a un sistema cuyas contribuciones van a fondos de pensiones privados, lo que crea una brecha de financiamiento que, en muchos de los sistemas de pensiones actuales, está solventándose con los presupuestos públicos. Vista como una reforma financiera, este cambio ha tenido también resultados interesantes, pues, a pesar de que el sistema privado no incrementa la cobertura ni cumple con los flujos de capital proyectados, sí produce un flujo constante de ahorro obligatorio y acumulado que brinda liquidez a los mercados financieros nacionales, e incluso, internacionales. Sin embargo, esta liquidez no ha sido un factor en el incremento de los flujos de crédito del sector privado nacional no financiero. Bajo las condiciones de las políticas de austeridad, los cortes presupuestarios en otros ámbitos del gasto público, como la educación y, en especial, la atención médica, dejan a las mujeres doblemente desprotegidas.