Nicaragua es uno de los países más pobres del hemisferio occidental. A pesar de la gran cantidad de ayuda externa que recibido desde la caída de Somoza, en julio de 1979, la debilidad de su institucionalidad le ha dificultado echar a andar un proyecto de desarrollo que le de un lugar en la división internacional del trabajo y que ofrezca a sus habitantes la posibilidad real de salir del nivel de pobreza en que mayoritariamente se encuentran. El sector de salud es una de las áreas en que el país más ha avanzado y donde se han impulsado reformas con resultados relevantes y cierta posibilidad de sostenerse en el tiempo. En particular, se han dado pasos, aunque aún precarios, en la construcción institucional del Estado, requisito indispensable para que se pueda implementar políticas consistentes y sostenidas. Nicaragua y Costa Rica han seguido caminos diferentes en la especialización de sus instituciones. Mientras que en Costa Rica el Ministerio de Salud se ha concentrado en labores de rectoría y la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) constituye el principal proveedor de servicios de salud del país, en Nicaragua el principal proveedor de servicios de salud es el Ministerio de Salud (MINSA), mientras que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) no posee establecimientos proveedores de servicios de salud sino que los compra para sus asegurados a empresas médicas previsionales, tanto públicas como privadas. En ese sentido, se trata del único caso de la región en que ha habido una clara separación entre la función de financiamiento y compra, por un lado, y la función de provisión de servicios, por el otro.