El marco normativo actual obliga a los órganos de contratación a adoptar medidas para luchar contra la corrupción y el fraude, así como a prevenir, detectar y responder a los conflictos de interés. La detección de prácticas irregulares, fraudulentas o corruptas y la respuesta rápida, cierta, homogénea y proporcional es necesaria y prioritaria para reducir la gravedad de sus consecuencias sobre la calidad y eficiencia en el aprovisionamiento de obras, suministros y servicios de los entes públicos, sobre el acceso de los operadores económicos a las licitaciones públicas e igualdad de trato, así como sobre la libre competencia en los mercados. Cuando todas estas medidas contingentes son eficaces, pueden desanimar la reiteración de estas conductas en las organizaciones; pero resultan insuficientes para reducir de forma significativa la probabilidad de que dichas prácticas se materialicen. Solo si se identifican los factores que motivan, crean oportunidades e incentivos para estas conductas en una organización, y se planifican e implantan acciones dirigidas específicamente a contrarrestar aquellos factores, se puede reducir la probabilidad de que se materialicen este tipo de prácticas y hacer auténtica prevención. El proyecto de la Oficina Antifraude sobre riesgos en la contratación pública tiene, entre sus objetivos, la sistematización de los factores de riesgo institucionales para facilitar a los entes públicos su autoevaluación, punto de partida indispensable para los planes de prevención. Este artículo sintetiza algunos de los resultados de este proyecto. (AU)