En Colombia son inminentes dos reformas estrechamente vinculadas y contempladas como esenciales para el avance del país: la reforma pensional, luego del fracaso del modelo que introdujo la Ley 100 de 1993, y la reforma agraria, aplazada por décadas, con los consabidos resultados de violencia. En este contexto, cobra la mayor relevancia la situación de desprotección en la que aún se halla la población rural frente a la seguridad social. Dentro de este segmento se encuentra el de los caficultores, quienes han aportado y pueden seguir aportando enormemente con los granos de café producido al desarrollo económico y social de la nación. Con el objetivo de describir los aspectos básicos que debe considerar una política para la adecuada cobertura de la población rural en general, y de los caficultores en particular, del régimen contributivo del Sistema General de Pensiones, sin que ello represente cargas impagables de cotización para los trabajadores del campo; este artículo describe formas alternativas de financiación y vinculación del pequeño caficultor a dicho régimen. Hacia alcanzar el objetivo, se acudió a la hermenéutica jurídica, a partir de la revisión de la normativa en materia de pensiones aplicable a la población rural; la situación pensional de los caficultores; y la actual política de protección social comprendida en la Reforma Rural Integral, concebida dentro del Acuerdo de Paz de la Habana, y específicamente en su Plan Progresivo de Protección Social y de Garantía de los Derechos de los Trabajadores y Trabajadoras Rurales, puesto en marcha a inicios de 2021. Lo anterior, sustentado en la Constitución Política, el ordenamiento jurídico colombiano y la literatura. Dentro del plan de la reforma no se contempla que el trabajador rural alcance el derecho a la pensión y su proyección se limita exclusivamente en los beneficios económicos periódicos, creados como prestación para quienes no tuvieron acceso a la pensión mínima propia del sistema de pensiones vigente, frente a lo cual se proponen formas alternativas de financiación y vinculación que involucran además de los tradicionales, otros actores relacionados con la población rural, específicamente los del sector productivo a la que pertenece, e indagan en fuentes hasta ahora ignoradas como los recursos públicos dejados de percibir a causa del reconocimiento de pensiones y prestaciones de manera ilegal.