La protección de los derechos fundamentales que se creó en Chile a mediados de los años setenta tuvo un claro sesgo hacia la tutela judicial de la propiedad. Este rasgo cobró relieve con la estrategia argumentativa de la “propietarización” a partir de los años noventa, para ampliar esta tutela de urgencia hacia otros derechos. El retiro de los fondos previsionales de los trabajadores que se comenzó a discutir ante las Cortes a partir del año 2019 no solo reveló, una vez más, esta inclinación por la propiedad, sino que, además, mostró la conexión interna entre esta tutela judicial de los derechos fundamentales y el fomento del debate público.(AU)