El proyecto aprobado por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Asamblea Nacional ecuatoriana es un avance sustancial pero incompleto para regular debidamente la designación de los representantes de los interlocutores sociales. Por ello, se requiere debatir con más profundidad la ampliación de los miembros del Consejo Directivo para facilitar una adecuada representación de los distintos intereses existentes entre los sectores. Asimismo, es necesario considerar que la postulación de las listas de candidatos (titular y alterno) asegura que la mayoría electoral sea la determinante en la designación, en vez de mantener una preselección fijada por la norma en favor de ciertas colectividades. Esto no impide dar preferencias en el proceso electoral a favor de las organizaciones más representativas, sin que ello suponga privilegios discriminadores cuestionados, justamente, por la sentencia del Tribunal Constitucional. En otras palabras, la redacción del proyecto permite contar con un insumo normativo que precisa el ámbito del debate legislativo; asimismo, su análisis conduce a descubrir sus fortalezas y debilidades, que pueden ser apuntaladas en la aprobación del proyecto definitivo. (AU)