La Seguridad Social en América Latina se construyó fundamentalmente bajo una lógica laborista que identificó como sujetos de derecho a los asalariados subordinados, urbanos y organizados. Adoptó la estructura de los seguros para cubrir contingencias del ciclo vital de las personas trabajadoras y su familia y se organizó en servicios públicos de responsabilidad estatal. Al resto de trabajadores y población se le brindó atención de servicios de salud en instituciones públicas y de acuerdo a las demandas, otros sectores de trabajadores se fueron insertando a los seguros sociales. Su concepción y orientación se modificó con la privatización de las pensiones públicas y la separación entre financiamiento y provisión de servicios de salud, asumidos por el sector privado.  Chile es el que inicia este modelo en 1981. El argumento fue hacerle frente al proceso de envejecimiento, incentivar el crecimiento de la cobertura y crear condiciones de sostenibilidad social y financiera. Cuatro décadas después, nueve países con gestión total o parcial privada, muestran que la cobertura se estancó y la viabilidad social no se logró y a pesar de ello, realizan reformas manteniendo la gestión privada. Diez con gestión pública están proponiendo reformas también, tratando de incluir perspectivas de género, reconocimiento al trabajo de cuidados, cerrar brechas de cobertura y de suficiencia y sostenibilidad fiscal. La pandemia de la Covid-19 mostró el estado de abandono de la salud de los latinoamericanos y de sus instituciones públicas, obligando a reformas y a proponer nuevos modelos de atención y de financiamiento. Este artículo analiza y discute lo siguiente: a) lecciones del diseño de la seguridad social y el camino recorrido; b) el difícil tránsito del derecho laboral a los derechos humanos en materia de seguridad social; c) las rutas para construir un paradigma distinto. (AU)