Este documento presenta proyecciones sobre el gasto fiscal asociado con Colpensiones y los regímenes especiales que conforman el sistema pensional de Colombia con las normas vigentes en 2024. Bajo supuestos convencionales sobre longevidad, formalidad y una tasa de crecimiento económico de largo plazo del 3,3%, el gasto público en pensiones se mantendría en niveles inferiores al 3,6% del PIB durante la mayor parte del siglo XXI, y luego caería al 2,8% del PIB hacia el año 2100. Sin embargo, las proyecciones cambian significativamente al considerar algunos riesgos en torno a estos supuestos clave. En primer lugar, al modificar el supuesto de crecimiento económico a la luz de las proyecciones demográficas y del crecimiento histórico de la productividad, el gasto público en pensiones como porcentaje del PIB podría aumentar al 8% hacia finales del siglo. En segundo lugar, el aumento en la longevidad de la población ejercería una presión fiscal adicional durante la segunda mitad del siglo, aumentando en aproximadamente un 0,3% del PIB anualmente, solamente por su impacto en Colpensiones. En tercer lugar, paradójicamente, un aumento en la formalidad laboral, también podría elevar el gasto en Colpensiones en aproximadamente un 0,3% del PIB anualmente debido a los subsidios implícitos en el sistema. Es importante tener en cuenta estos riesgos en cualquier reforma al sistema, toda vez que la transición demográfica es un fenómeno en curso cuyo impacto fiscal puede ser exacerbado o reducido dependiendo del monto y la cobertura de los subsidios implícitos en el sistema pensional.

This document presents projections on the fiscal expenditure associated with Colpensiones and the special regimes that make up Colombia's pension system under the rules in force in 2024. Under conventional assumptions about longevity, formality, and a long-run economic growth rate of 3.3%, public spending on pensions would remain at levels below 3.6% of GDP for most of the 21st century, and then fall to 2.8% of GDP by 2100. However, the projections change significantly when considering some risks around these key assumptions. First, by modifying the assumption of economic growth in light of demographic projections and historical productivity growth, public spending on pensions as a percentage of GDP could increase to 8% by the end of the century. Second, an increase in the longevity of the population would exert additional fiscal pressure during the second half of the century, increasing by approximately 0.3% of GDP annually, solely due to its impact on Colpensiones. Third, paradoxically, an increase in labor formality could also raise spending on Colpensiones by approximately 0.3% of GDP annually due to the subsidies implicit in the system. It is important to consider theses risks in any system reform, since the demographic transition is an ongoing phenomenon whose fiscal impact can be exacerbated or reduced depending on the amount and coverage of the implicit subsidies in the pension system. (AU)