México cuenta con un marco jurídico nacional, internacional y jurisprudencial protector de las trabajadoras embarazadas y en estado de lactancia, quienes gozan de un fuero especial denominado estabilidad laboral reforzada, que implica su derecho a permanecer en el empleo y derecho a la seguridad social. La reforma laboral del 1 de mayo de 2019 reconoce el deber de los tribunales laborales de dictar las medidas cautelares para garantizar el acceso a la seguridad social que venía gozando una trabajadora despedida injustificadamente con motivo de su embarazo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y los Tribunales Colegiados de Circuito han emitido criterios con relación a las medidas cautelares que deberán decretar los tribunales laborales para garantizar el derecho a la seguridad social de la trabajadora embarazada, tal como el acceso a los servicios médicos. (AU)