Las reformas previsionales chilenas de 1981 (DL 3500) y 2008 (DL 20255) no sólo significaron un gran cambio de paradigma previsional, sino también un importante esfuerzo de la política y las finanzas públicas (CEPAL; 1998 y 2006). Este ha sido un tema ignorado en el debate de la experiencia chilena, y en particular en la difusión que durante los años 90 hicieron de sus resultados los organismos internacionales, al recomendar en sus programas de ajustes estructurales avanzar en reformas similares. Para comprender el papel de las políticas y finanzas públicas en la evolución del sistema previsional chileno es necesario destacar tres aspectos. El primero, que es histórico, se refiere a la evaluación que sobre elementos de la reforma chilena se ha hecho en el debate internacional sobre el cumplimiento de los objetivos y principios que orientan a la seguridad social y los sistemas de pensiones. El segundo aquel entre 1981 y la actualidad, sobre la magnitud del esfuerzo fiscal que ha significado en la experiencia chilena realizar la reforma de su sistema de pensiones. El tercero respecto al rol que en el diseño de la reforma chilena han jugado la política y finanzas públicas para asegurar que los vínculos con el resto de la economía y con las instituciones involucradas sean los apropiados. En conformidad con lo anterior este trabajo se organiza en tres partes además de esta introducción. La que sigue para sintetizar el debate acerca de la seguridad social en el mundo y su relevancia para América Latina. Se destaca la dificultad por cumplir con el horizonte normativo de la seguridad social, cuando los sistemas deben diseñarse para ser aplicados en contextos de profundas desigualdades y enormes restricciones presupuestarias tanto al nivel de las familias como del Estado. La poca consideración de esta realidad caracterizó la política de préstamos operativos del Banco Mundial durante los años noventa, bajo la cual se promovieron reformas estructurales en la región, basadas en la experiencia chilena. La siguiente sección para conocer detalles no siempre resaltados del papel y magnitud de las finanzas públicas en la experiencia chilena: (i) en 1981, cuando Chile debió financiar el costo que se producía por la decisión política de transitar desde un sistema de beneficios definidos financiado por el mecanismo de reparto a uno de contribuciones definidas financiado por el mecanismo de la capitalización individual; y (ii) a partir de 2006, cuando se toma conciencia de la necesidad de abordar el tema de cobertura del sistema entonces vigente, y se establece en 2008 un nuevo esfuerzo de finanzas publicas para la operación del actual Sistema de Pensiones Solidarias. En la última sección se precisan tres roles fundamentales de la finanzas públicas en la experiencia de reforma chilena: (i) que el particular diseño de financiamiento del sistema no comprometa la estabilidad macroeconómica; (ii) que no obstante lo anterior existan reglas claras para asegurar la estabilidad del financiamiento del sistema de pensiones; y (iii) que las finanzas públicas garanticen el desarrollo institucional para el funcionamiento apropiado del sistema. En las conclusiones derivamos algunas lecciones de la experiencia chilena para el resto del mundo y, en particular para América Latina.