Sistemas de protección social son elementos fundamentales en la gobernanza nacional. Son la expresión de los valores sociales de cualquier sociedad. Los sistemas de protección social tienen tres objetivos principales: garantizar el acceso a bienes y servicios esenciales para todos los miembros de una sociedad, para promover la seguridad socioeconómica activa, y para avanzar en el potencial individual y social para reducir la pobreza y el desarrollo social. La protección social es una inversión en el desarrollo social y económico de las sociedades y de los individuos. Por lo tanto, no sólo ayuda a las personas a gestionar los riesgos y reduce las desigualdades, sino que también les permite desarrollar potencial para el crecimiento personal y contribuciones significativas a sus sociedades a lo largo de su vida. Al mismo tiempo, los sistemas de protección social son enormes mecanismos redistributivos en la mayoría de las economías, a menudo superiores al 30 por ciento del producto interno bruto (PIB). Transferencias de esta magnitud requieren de buen gobierno y gestión, en particular la gobernanza financiera y gestión económica. De hecho, la contribución potencial de la protección social para el desarrollo individual y social no se puede lograr si los recursos que la sociedad confía a su sistema de protección social no se gestionan con mayor cuidado y responsabilidad. Demasiados programas de protección social - aunque bien diseñado - han fracasado debido a que su gobierno y gestión fracasaron.