Durante los años noventa, siete países de América Latina reformaron sus sistemas pensionales para introducir sistemas de capitalización individual basados total o parcialmente en el modelo de capitalización chileno. El factor desencadenante de las reformas fue el fuerte desequilibrio financiero que padecían muchos de los sistemas de reparto de la región, sin embargo, los problemas administrativos, la baja cobertura y los efectos regresivos constitutían debilidades muy importantes de los sistemas de reparto originales. Las reformas pensionales que se describen en este artículo han corregido, al menos en parte, estas debilidades. La mejora en el balance entre ingresos corrientes y beneficios futuros ha reducido los deficits actuariales de largo plazo. También ha reducido los efectos regresivos y los incentivos a no contribuir de los viejos sistemas. Sin embargo, no todos los problemas han sido resueltos. En particular, además de la financiación de los deficits de caja generados por la transición al nuevo sistema, existen importantes retos asociados a la regulación de un sistema obligatorio de capitalización individual. En primer lugar existe la necesidad de reducir los elevados costos administrativos con los que actualmente operan los sistemas de capitalización de la región. En segundo lugar, hay la necesidad de encontrar un balance entre la limitación de los riesgos que puede incurrir el sistema y una adecuada rentabilidad para los fondos individuales. Finalmente, la necesidad de mejorar el diseño de las pensiones mínimas a efectos de que provean un piso de ingresos adecuado sin reducir los incentivos a contribuir.