Los países de América Latina y el Caribe tienen enormes desafíos ligados a la complejidad de la problemática social. Los avances alcanzados en materia de democratización política y mejoría del entorno económico requieren en la etapa actual de la región complementarse con mejores desempeños en materia de protección social y combate a la pobreza. Las estrategias de descentralización, privatización - desregulación y focalización llevadas a cabo en la última década han visto limitados sus efectos de cambio institucional, por causas variadas. Estas dificultades marcan en forma categórica la necesidad de impulsar y/o profundizar en toda la región una reforma institucional que haga foco en la construcción de una nueva estructura de incentivos y reglas de juego para estructurar las políticas de protección social y combate a la pobreza, ámbito en el cual participan múltiples actores. En este marco las instituciones resultan claves para entender la calidad de las intervenciones públicas.