Desde la creación del sistema en 1981, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) no han podido elegir libremente sus carteras de inversión. Esto es producto de una estricta regulación de las inversiones, específicamente a través de restricciones cuantitativas: límites. Uno de los elementos importantes en el diagnóstico implícito en esta regulación es que el mercado de capitales en Chile, a comienzos de los ochenta, no estaba suficientemente desarrollado. A esto se le suma la percepción de importantes problemas de asimetrías de información por parte de los afiliados que se ven obligados a invertir fondos en las AFPs y la existencia de garantías estatales. Asimismo, existía una fuerte demanda interna por financiamiento, por lo que parecía más conveniente el destinar esos recursos a satisfacer dichas demandas, prohibiendo la inversión en el extranjero. Aun cuando existían motivos para implementar un restrictivo régimen de inversiones, esto no esta exento de costos, puesto que esta regulación implica una combinación de riesgo-retorno ineficiente. Este artículo intenta cuantificar dichos costos.